La pandemia mundial del nuevo coronavirus, con las resultantes medidas de aislamiento social implementadas por la mayoría de los países -incluida la cuarentena obligatoria-, ha abierto, para las organizaciones dedicadas a la trata de mujeres y niñas, un nuevo ámbito de acción: el ciberespacio.
En el marco de la emergencia sanitaria masivamente generada por el virus causante de la Enfermedad Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019, Covid-19), esas estructuras delictivas están -en general, en aumento- usando las redes sociales para llevar a cabo ese ilegal y engañoso reclutamiento.
Citados al respecto por Noticias ONU, la agencia informativa de Naciones Unidas, los integrantes del internacional Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, advirtieron que las víctimas de la trata de personas, a nivel mundial, siguen siendo, en proporción abrumadoramente mayoritaria, mujeres y niñas -principalmente para explotación sexual-.
También aseguraron que las medidas lo mismo internacionales que de países individualmente, para combatir esa actividad, han resultado insuficientes, según lo señalado en la nota informativa que Noticias ONU tituló “La trata de mujeres y niñas se extiende al ciberespacio por medio de las redes sociales”.
El comité -entidad de Naciones Unidas encargada de supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Cedaw)- expresó alarma por el hecho de que medios digitales se constituyan en herramienta para que persista ese ilegal y lucrativo negocio.
“Las mujeres y las niñas siguen contándose entre las principales víctimas de trata, en el mundo”, señaló el grupo de trabajo, en una declaración emitida el 11 de este mes, en la que, además, reveló “el creciente uso de las redes sociales para reclutarlas, en el contexto de la pandemia”.
“Las leyes y políticas nacionales e internacionales contra el tráfico de personas resultan insuficientes para detener ese delito, particularmente cuando se extiende, de los medios convencionales, al espacio virtual”, plantearon los expertos.
También precisaron que esas estructuras de crimen organizado internacional “se valen de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, para acceder a sus posibles víctimas, y reclutarlas para luego explotarlas sexualmente -en el caso de las mujeres y las niñas-“.
Esta nueva modalidad operativa obedece a que, como consecuencia de las medidas de aislamiento social “traficantes no han podido llegar, hasta sus posibles presas, con sus métodos tradicionales, que implican un contacto más directo y personal”, señalaron los 23 integrantes del grupo -también conocido como el “ Comité CEDAW”-.
Los expertos internacionales formularon, asimismo, un llamado, a los proveedores de redes sociales y sistemas de mensajería digital, a “implementar controles para mitigar el riesgo de exposición, de las mujeres y las niñas, a la trata y la explotación sexual”.
El grupo también los exhortó a que “usen sus (bases de) datos para identificar a los traficantes y a los individuos ligados a la demanda de mujeres y niñas”, ya que “combatir la trata, implica desalentar la demanda”.
También se dirigieron a las autoridades gubernamentales, en el contexto mundial, a atacar las severas causas -tales como exclusión de género, pobreza, falta de oportunidades, violencia- que, en sus respectivos países, facilitan, a las organizaciones delictivas, capturar a víctimas en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica.
“Los Estados deben movilizar recursos públicos, y fortalecer los servicios en las áreas que apoyan el alcance de la igualdad de género, la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas, y el respaldo del desarrollo sostenible, para reducir los factores de riesgo que propician la trata”, recomendaron.
En cuanto a la exclusión de género, que mantiene, en términos generales, a las mujeres, al margen de los procesos de toma decisiones -las que, frecuentemente, inciden en el sector poblacional femenino-, el comité advirtió que se trata de uno de los obstáculos que, por una parte, impiden la igualdad de género, y, por otra, generan riesgo social.
A ello se suman factores -derivados de lo anterior- tales como conflictos bélicos, emergencias humanitarias -incluida destrucción por fenómenos naturales-, políticas migratorias y sistemas de asilo con sesgos de género en diferentes países, planteó el grupo.
Ante ello, es urgente que los gobiernos implementen políticas públicas de faciliten el empoderamiento de las mujeres en materia económica, educativa, de salud -principalmente la sexual y reproductiva-, expresó el comité.
En ese sentido, planteó la necesidad de “garantizar la participación completa, efectiva y sustantiva en todos los niveles de la toma de decisiones que busquen prevenir o combatir la trata de las mujeres y las niñas, en especial de las víctimas, de las comunidades afectadas por ese delito y de las personas en riesgo de sufrir ese lastre”.
También llamó a la “erradicación de las normas y valores patriarcales formalizados en las leyes que facilitan el tráfico de niños y los matrimonios forzados de menores de edad”.
“Se deben adoptar medidas para evitar que las familias acepten los matrimonios indefinidos o temporales de sus hijas a cambio de dinero”, puntualizó.
En materia migratoria, los expertos llamaron a la aprobación de “políticas migratorias seguras, que respondan y protejan a las mujeres y niñas migrantes”.
También se refirieron a la migración dentro de los países -a causa de conflictos armados, violencia de crimen organizado, emergencias generadas por fenómenos naturales, entre otros factores-.
Respecto a tales casos, propusieron la estructuración de “sistemas de protección y asistencia amplia a esos sectores (de población)”.
Para ello, propusieron, en otras alternativas, la de “establecer un sistema para reportar presuntos casos de tráfico de personas observados en las inspecciones laborales sin que esto afecte a las víctimas por su condición migratoria”.
Asimismo, que se les facilite “acceso a todos los servicios públicos, sin temor a ser denunciadas por su estatus migratorio”.
En cuanto al hecho de que las redes de trata están trasladando parte de sus operaciones a la modalidad virtual, la lituana Dalia Leinartė, integrante del comité -además de encargada de redactar las recomendaciones generales para hacer frente al fenómeno- propuso revertir la situación.
“La pandemia ha revelado la urgencia de analizar el uso de la tecnología digital en la trata”, pero, simultáneamente, “de cómo aprovechar esa tecnología para combatir el delito”.
“La trata es un crimen de género, muy vinculado a la explotación sexual”, por lo que “los Estados deben crear las condiciones propicias para asegurar que las mujeres y las niñas sean libres del peligro de la trata”.
La Cedaw -consistente en 30 artículos, contenidos en seis Partes (o capítulos)- fue aprobada el 18 de diciembre de 1979, y entró en vigencia el 3 de setiembre de 1981.
En el primer artículo, define el concepto “discriminación contra la mujer” como cualquier “exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
En el segundo, los Estados Partes de la convención “condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas”, contexto en el cual “convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer
Por su arte, el comité, es oficialmente definido como “el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación” de la Cedaw, y sus integrantes son 22 expertos “en materia de derechos de la mujer, procedentes del mundo entero”.
