Las víctimas de trata de personas, en Honduras, son, en un ochenta por ciento, mujeres y niñas, de acuerdo con lo denunciado, en un informe, por una organización no gubernamental local que combate la violencia de género.
La explotación a la que son sometidas es, principalmente, de naturaleza sexual, lo mismo que comercial, y también de servidumbre, según lo señalado, además, por la Asociación Calidad de Vida, en el estudio que, titulado “Caracterización psicosocial de las mujeres víctimas de trata de personas”, dio a conocer el 16 de diciembre.
El país centroamericano es lugar, al mismo tiempo, de origen y de trasiego, planteó la entidad, que, entre otras actividades administra casas de refugio para víctimas de violencia de género, con respaldo, para ello, de la organización no gubernamental internacional Oxfam.
Respecto a este delito, en declaraciones que formuló a la agencia informativa española Efe, la directora de la organización, Ana Cruz, advirtió que la atención que se proporciona a las sobrevivientes de esa variante de crimen organizado, tiene que ser diferenciada, según el grado de afectación que presenten las afectadas.
En cuanto a la incidencia de género que presenta la trata de personas, Calidad de Vida planteó, en el documento, que, “en Honduras, las víctimas son, en un 80 %, mujeres y niñas”.
Esta rama del crimen organizado se desarrolla “en modalidades de explotación sexual comercial y servidumbre”, precisó.
En un contexto patriarcal, caracterizado por el machismo agresor, la explotación de las víctimas tiende a normalizarse, sumado a lo cual, se las usa en el marco de “actos ilícitos y también para la explotación sexual a lo interno de los grupos criminales”, según lo explicado.
Ello, además de que, en años recientes, viene ocurriendo “un incremento en casos de pornografía infantil como parte de la explotación sexual comercial en niñas y niños”, puntualizó la agrupación.
Dos factores adicionales han agudizado la desprotección de la población meta de los tratantes: la pandemia del nuevo coronavirus -estallada al inicio de 2020-, y el sucesivo paso de los huracanes Eta e Iota -en noviembre de ese año-, de acuerdo con el análisis.
A causa de las crisis generadas, respectivamente, por la emergencia sanitaria y los destructivos fenómenos naturales, se ha identificado un “aumento en la vulnerabilidad de la población en general”, lo que, a su vez, “exacerbó la condición de los que ya se encontraban en este estado, incrementándose el riesgo de ser víctima del delito”, explicó la asociación.
En cuanto al papel que las estructuras especializadas de crimen organizado asignan a Honduras, la entidad planteó que es el de “país de origen y tránsito para la ocurrencia de trata de personas y la explotación sexual”.
Esto, dados los críticos indicadores socioeconómicos nacionales, lo que ofrece, a los a traficantes de personas, “una serie de condiciones de vulnerabilidad de las víctimas”, a lo que se adiciona, el “interés desmedido de personas o grupos delictivos que se lucran de la comercialización de seres humanos”, precisó.
También planteó que los delincuentes “conocen las necesidades de sus víctimas”, de modo que “las vulnerabilidades que identifican en ellas son su mayor arma de control”.
En las declaraciones reproducidas el 16 de diciembre, por Efe, Cruz planteó la necesidad de que se proporcione, a las víctimas de trata de personas, atención diferenciada.
«Para trabajar el tema de trata y dar atención a víctimas, tenemos que conocer esa diferenciación que existe entre cada una de las modalidades», dijo, la directora de la entidad, a la agencia informativa europea.
En ese sentido, planteó que “debemos trabajar de manera diferenciada, porque no es lo mismo dar un tratamiento a una víctima de explotación sexual -que ha sufrido abortos, problemas de anorexia-, que la atención que le vamos a dar a una víctima de reclutamiento forzado”.
Señaló, asimismo, que “las mujeres que viven en hogares violentos y pobres son las más vulnerables a ser víctimas de trata de personas”.